seguridad democratica

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día  del 20 al 26 de noviembre  de 2008

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"Seguridad democrática"

Horror en la región del río Guayabero entre el Meta y Guaviare

Por Camilo Raigozo. Voz

 

"Así como avanzaba el ejército, iba sembrando el horror  y el miedo en los campesinos residentes en la región del río Guayabero, entre los departamentos de Meta y Guaviare.

 

 Esther Gracia, una de las centenares de víctima de la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe en la zona del río Guayabero. Foto Camilo Raigozo.

 

"Por donde pasaban, los militares iban golpeando, agrediendo, torturando, quemando las viviendas, asesinando selectivamente a los labriegos y desplazando a familias enteras. Robaban animales, alimentos, enseres y dinero.

 

"Lo que no podían llevarse lo destruían, como guadañas, motores, herramientas, etcétera. El objetivo del gobierno con esos demenciales actos, es que la gente abandone la zona para repoblar las veredas con sujetos afines a su régimen, tales como terratenientes, palmicultores, narco-paramilitares, ganaderos y multinacionales entre otros.

 

"Para acelerar el criminal proceso, fumiga los cultivos de pan coger, avocando al hambre y a la ruina al campesinado", le relataron a VOZ miembros de una delegación de la región.

 

Una de las 5.000 historias

 

"El 25 de febrero de 2006, llegó a mi vivienda en la vereda La Tigra, municipio de San José del Guaviare, una patrulla del ejército. Nos encontrábamos en esos momentos, mis tres hijos, mi esposo, un cuñado y dos trabajadores.

 

"Luego de golpearlos y torturarlos, el ejército se llevó a los cuatro hombres con destino desconocido, acusándolos de ser guerrilleros. De nada valieron las súplicas mías y de los niños para que no cometieran esos abusos.

 

"Con la esperanza de encontrarlos con vida, salí en su búsqueda a las seis de la mañana del día siguiente. Les llevaba un termito de café caliente.

 

"Después de caminar media hora me encontré a unos policías, quienes me amarraron de pies y manos, me vendaron los ojos, me pusieron unas capuchas y me golpearon brutalmente. "Guerrillera hujueputa, ¿por qué no llora", fueron las palabras más cordiales que les oí decir.

 

"Durante todo el día mantuvieron golpeándome con saña. Me pateaban y se paraban encima de de mi cuerpo que casi se revienta por la herida de una operación reciente en mi vientre.

 

"El brazo izquierdo también estuvo a punto de fracturárseme nuevamente por las torceduras y los golpes a los que me sometieron. En la interminable sesión de tormento, al menos uno de los policías quiso violarme sexualmente y al menos otro se opuso rotundamente. 

 

"El dolor no tenía límite, pero no me impedía pensar en la suerte de mis hijitos, de mi esposo y de los que estaban en poder del ejército, unos y otros en lugares desconocidos.

 

"Me hicieron caminar como gallina ciega"

 

"Tal vez al finalizar el día me levantaron y me hicieron caminar como gallina ciega durante un buen rato. Me tumbaron en un hueco, me pusieron los fusiles en la cabeza y quién los comandaba dijo, "Guerrillera hijueputa, tiene cinco minutos para que nos diga que usted y los malparidos que agarramos ayer en su casa son guerrilleros o si no se muere ya".

 

"Le contesté que ninguno éramos guerrilleros, y resignada esperé la muerte sin dejar de pensar en la suerte de los míos.

 

"En vez de los disparos en mi cabeza, oí la voz de un informante que anda con el ejército acusando a los campesinos de ser guerrilleros y condenándolos a muerte. "Sí, esa h. p. es Susana, la guerrillera costeña", dijo el hombre.  Otro agregó al instante, "matemos ya esa h. p. y dejémosla ahí mismo".

 

"Sin embargo me sacaron del hueco y caminamos hasta un sitio donde había harto ejército. Allí me desamarraron y un comandante castrense ordenó quitarme las capuchas y la venda. "Esta mujer se está muriendo", dijo como para sí mismo al ver mi estado.

 

Ordenó venir a un médico, quién llegó inmediatamente. Al examinarme dijo entre dientes: "Esos desgraciados no tienen alma". Me aplicó una inyección y me suministró pastas para el dolor. Mientras tanto, el interrogatorio del comandante continuó, razón por la cual le narré todo lo que había sucedido.

 

48 horas de "seguridad democrática"

 

"Prepárese para la sorpresa que le vamos a dar", dijo de repente. Cundo miré a donde me indicó, no pude contener el llanto que me produjo la felicidad de ver a mi esposo con vida.

 

"Tanto a él como a sus acompañantes, el ejército los había golpeado y torturado igual o peor que a mí. Luego de esos escasos momentos de felicidad un helicóptero militar se los llevó acusados de rebelión.

 

"Ahí supe que a un muchacho que había sido detenido por las tropas regulares en la zona, cuyo nombre omitimos por el respeto a su dignidad, había sido sometido a violaciones sexuales y a otras demenciales torturas físicas y sicológicas por parte de los militares, hasta que quedó sumido en el más profundo abismo de locura.

 

"Finalmente el comandante ordenó mi libertad y yo salí para mi casa. Cuando llegué al lugar donde estaba ubicada, de esta solo quedaban las cenizas y los últimos vestigios del fuego que la había consumido por completo, con todo lo que contenía en su interior.

 

"Hasta las gallinitas que teníamos se las había llevado el ejército. No podía creer que del trabajo de toda la vida, solo nos quedara la ropa que teníamos puesta.

 

"En menos de 48 horas la "seguridad democrática" había dejado a mi familia en la más completa ruina, y lo peor es que la misma suerte la habían corrido por lo menos otras 70 familias de la zona del río Guayabero". Ese fue el epílogo de la breve historia de Esther Gracia, narrada por ella misma a VOZ.

 

Asesinan a líder araucano

 

La Asociación Campesina de Arauca denunció que el pasado 28 de noviembre, alrededor de las siete de la noche, fue asesinado por sicarios Carlos Rodolfo Cabrera Huertas, líder popular del departamento de Arauca.

 

El crimen ocurrió en el barrio Guadual de Arauquita (Arauca). Cabrera Huertas lideraba al momento de su muerte el Comité de Desplazados de Arauquita, y se había desempeñado como secretario ejecutivo de la Asociación Campesina de Arauca (ACA).

 

Estaba cobijado con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el programa de protección gubernamental, a raíz de la persecución desatada en contra de la ACA.

 

La víctima había sido desplazada de Fortul, Arauca por amenazas, por ser sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.

 

Son más de 30 mil y no 10 mil

 

Según varias ONG, son más de 30.000 las personas desaparecidas enterradas en fosas comunes o tiradas a los ríos, víctimas de la estrategia paramilitar del régimen, y no 10 mil como afirma la Fiscalía General de la Nación.

 

Las escuetas confesiones de paramilitares y desmovilizados han permitido la exhumación de 1.729 cadáveres en 1.403 fosas comunes los últimos dos años, de los cuales solo han podido ser identificados 517 víctimas, pero los desaparecidos enterrados o arrojados a los ríos pueden superar ampliamente los 30.000.

 

"Ahora sus herederos, las llamadas "Águilas Negras", paramilitares reorganizados tras el pacto de las AUC con el Gobierno de Álvaro Uribe, están concluyendo la tarea: arrojan a ríos y lagunas plagadas de caimanes los restos de esos cadáveres para hacerlos desaparecer por segunda vez", dice el informe de las ONG suministrado a los medios.

 

Más de 800 desplazados en Nariño

 

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, más de 800 personas tuvieron que huir del municipio de Barbacoas Nariño por combates que sostienen paramilitares y Fuerza Pública contra la guerrilla.

 

Un comunicado de prensa del jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Nariño, Serge Thierry, dijo que " la situación de conflicto armado en la zona es muy preocupante para residentes y desplazados.  Para muchos la única salida ha sido   abandonar sus tierras y perderlo todo".

 

ONU analizará primer informe sobre los Derechos Humanos en Colombia  

Por Telesur

 

El Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizará el primer Examen Periódico Universal (EPU) acerca de la situación en Colombia, indicaron este martes en Bogotá las plataformas de las mil 200 organizaciones del país que cooperan en la rendición de cuentas sobre esta materia.

 

La reunión se celebrará será el próximo 10 de diciembre en Ginebra (Suiza), en la que 47 países del mundo analizarán un informe elaborado por el Gobierno colombiano, otro que recopila las 27 recomendaciones de la ONU para la nación sudamericana en DD.HH. y un tercero y último, creado por las organizaciones de la sociedad civil.

 

Estas últimas, asistirán en calidad de observadoras al discurso que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, estará pronunciando para tratar de defender las últimas acciones de violación de esta materia que han ocurridos en la nación.

 

  La ONU realizará el próximo 10 de diciembre el primer Examen Periódico Universal de Colombia, donde asistirá el mandatario, Álvaro Uribe. Foto: Archivo Efe.

 

Las organizaciones expusieron este martes a los medios de comunicación, un documento en el que plantean los diez puntos que se tendrán en cuenta durante la evaluación.

 

Por medio del documento se pone de manifiesto que desde la llegada de Uribe al mandato, en 2002, 13 mil 634 personas murieron "fuera de combate" dentro del conflicto que vive actualmente Colombia, pese a que el mismo gobierno se niegue a reconocer la existencia de tantos crímenes.

 

Además, señala que en el país existe un drama en cuanto a la violencia sexual que acompaña al conflicto y a la existencia de niños soldados, estimados en más de 8 mil.

 

En referencia al desarme de los grupos paramilitares que proclama el Gobierno, las organizaciones indicaron en su informe que a finales del 2007 cerca de 9 mil guerrilleros se dedicaban a estas facciones de ultra derecha.

 

Con respecto al desplazamiento forzado, que se aproxima a 4 millones de colombianos, añade que durante el primer semestre de 2008 aumentó en un 41 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

 

Esto supone que mil 503 personas dejaron sus hogares, sin que el Estado garantice la protección de sus derechos.

 

Asimismo, la el número de asesinatos a sindicalistas creció en 2008 al alcanzar los 42 muertos y superar los 37 del año anterior.

 

Todos estos atropellos denunciados por las organizaciones se inscriben en un marco de vulneración de los derechos económicos sociales y culturales, de impunidad institucionalizada "y de ataques a la independencia del poder judicial" del país, reitera el informe.

 

En tanto, el representante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU), Alberto Yepes, explicó que "nada garantiza un informe favorable" de la ONU, debido a que el Gobierno ha buscado en todo el mundo adjudicarse un "certificado de buena conducta" en materia de DD.HH.

 

De no considerarse el documento, agregó, podría "ser nefasto para la sociedad colombiana" y ahondar la crisis humanitaria del país.

 

Un trineo formado por Italia, Burkina Faso y Bahrein enunciará el próximo día 15 de diciembre un veredicto preliminar respecto al EPU de Colombia.

 

A pesar que las decisiones del Consejo no sean vinculantes, las organizaciones sociales señalan que conformarán el marco a seguir por los Estados en las relaciones multilaterales con Colombia.

 

"Mientras los sindicalistas sigan siendo asesinados, mientras las ejecuciones extrajudiciales se incrementen mientras la represión a las demandas de los movimientos sociales e indígenas se contesten a balazos, no se crea un buen ambiente para abrazar tratados de cooperación económica", añadió Yepes.

 

Para concluir, demandaron que las recomendaciones de la ONU respecto a los Derechos Humanos de Colombia deben obtener un estatus de alto nivel y se deben articular, a partir del EPU, estrictos mecanismos de vigilancia y monitoreo.

 

CIDH demandará a Colombia por negligencia en caso del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas en 1994

Por Afp

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes una demanda contra Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato en 1994 del senador y líder del Partido Comunista, Manuel Cepeda Vargas.

 

 Iván Cepeda Castro hijo del inmolado senador y director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice. Foto dh Colombia.

 

El senador, dirigente del Partido Comunista y prominente figura del partido Unión Patriótica, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá.

 

"La demanda se refiere a la falta de debida diligencia en la investigación y a la falta de sanción contra los responsables tanto de la ejecución de la víctima como de la posterior obstrucción de justicia; así como la falta de reparación adecuada en favor de los familiares de la víctima", explicó la Comisión en su comunicado.

 

"El caso se envió a la Corte porque la Comisión determinó que el Estado no cumplió con recomendaciones sustantivas contenidas en el informe de fondo aprobado por la CIDH", explicó el texto.

 

Ese informe criticó al Estado colombiano por no tomar las medidas necesarias "para proteger la vida del senador Manuel Cepeda Vargas" y para "investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial".

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

La Corte Interamericana tiene su sede en San José, y es el órgano judicial supremo encargado de dirimir contenciosos sobre los derechos humanos en la región.

 

Ejército involucra niños al conflicto

 

Más de 26 familias de las veredas Vegas del Café, Piñal, Las Pavas, Palmira, del municipio de Dolores, Tolima, que en días pasados salieron desplazadas de su región debido a las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Nacional, se comprometieron a retornar.

 

El retorno se realizará siempre y cuando se de cumplimiento a las peticiones concertadas con el gobierno local y departamental, en el marco de la Misión Humanitaria que se llevó a cabo los pasados 12, 13 y 14 de noviembre en la zona.

 

Según denuncias, el Ejército intimida a la población, e incluso involucra a los niños, a quienes les ofrece dulces por información que suministren.

 

Desaparición forzada del agricultor Guillermo Salas en la vereda Islandia de Rovira Tolima

Por Fensuagro

 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro- Cut, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que según información suministrada por la Asociación de trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, el Ejército Nacional continúa violando los derechos humanos.  

 

 Panorámica de Rovira, Tolima. Foto municipio de Rovira.

 

Según la denuncia de los sindicatos, el 25 de noviembre pasado a las 3:30 p.m., fueron interceptados y retenidos por miembros de la Compañía Rovira, del Ejército Nacional los campesinos Wilson García y Guillermo Salas.

 

El primero es mayordomo de la finca Waterloo, ubicada en la vereda San Rafael, del municipio de Ibagué – Tolima, y Guillermo Salas, padre de varios hijos, residente en una finca de su propiedad en la vereda la Islandia del municipio de Rovira – Tolima.

 

El 26 de noviembre de 2008, a las 7:00 a.m., fue puesto en libertad el campesino Wilson García.

 

Según el campesino liberado los miembros del ejército le expresaron que lo dejaban en libertad con la condición de que no mencionara nada sobre la detención, ni que pusiera denuncia alguna, y que Wilson no sabía nada sobre Guillermo Salas.

 

Hasta el 3 de diciembre de 2008, los familiares al igual que la organización Astracatol no saben nada de la vida del campesino Guillermo Salas, por lo que se responsabiliza al Ejército Colombiano por lo que le pueda pasar al labriego.

 

Sesionan comisiones conjuntas de Paz y Derechos Humanos del Congreso

Convocada Audiencia Pública por la Verdad en Ocaña, Norte de Santander

Por Prensa Rural

 

 Gloria Inés Ramírez, Germán Reyes y Germán Navas (de der a iz), del Polo, estarán presentes en la Audiencia. Foto Camilo raigozo.

 

El Senador Alexander López Maya y su homologa Gloria Inés Ramírez, Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Paz del Senado de la República respectivamente y el Representante a la Cámara, Germán Reyes, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Representantes, han confirmado su presencia y la convocatoria oficial a las víctimas, a las comunidades, a las autoridades civiles y militares, al Ministerio Público y a la Defensoria Nacional del Pueblo a la Audiencia Pública por la Verdad en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, el próximo jueves 4 de Diciembre de 2008, en el Coliseo Cubierto Municipal, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00p.m

 

La audiencia pública de las Comisiones conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en la región del Catatumbo es un esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y de las victimas, en el departamento del Norte de Santander, el Capítulo Norte de Santander del Movimiento Nacional de Victimas, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y un amplio grupo de organizaciones sociales.

 

  El senador del Polo Alexander López.

 

A la audiencia pública igualmente han confirmado su presencia, el senador Oscar Suárez Mira y los representantes a la Cámara Juan Manuel Hernández, Germán Navas Talero y ha sido invitado el Senador por el departamento de Norte de Santander e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Manuel Corzo. De la misma manera, estarán delegados de las organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos, representantes de medios de comunicación y del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado.

 

Esta Audiencia Pública es una manifestación de solidaridad y de compromiso, en medio de las graves y más recientes denuncias por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en esta región del país, por parte del Movimiento por los Derechos Humanos en Colombia para con la lucha de las comunidades en el departamento de Norte de Santander por alcanzar la verdad, justicia y reparación integral en la región del Catatumbo. Y en especial por acompañar a las victimas de la violencia política, el terrorismo de Estado y la impunidad, en todas sus manifestaciones.

 

Gran movilización por la defensa de los derechos humanos