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Casi dos mil jóvenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros
lunes, 18 de mayo de 2009

El fiscal colombiano considera que los militares asesinos también han
incurrido en "tráfico humano"

dpa

La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo
investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en
el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que
luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.

La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple
desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población
próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares
investigados por un caso que estremece al país desde 2008.

El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el
equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como
guerrillero muerto en combate.

Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de
jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a
desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los
entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar
por guerrilleros.

La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por
Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están
siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.

Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han
sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar
la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que
cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en
Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.

El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en
combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares
de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y
que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en
otro lugar del país.

Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la
existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde
para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar
reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.

A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una
orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de
colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.

Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair
Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de
sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.

El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes
y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento
Norte de Santander.

Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un
supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que
el joven era zurdo.

Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera
que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico
de seres humanos.

Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el
Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de
ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la
última década.

El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe
defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales
para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del
exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para
que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en
el país.

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/index.php?section=mundo&article=021n2mun

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